A menudo se ha reseñado la tensión entre Barcelona y el Regente don Baldomero Espartero como un enfrentamiento elemental que culmina en el dramático bombardeo de la ciudad que aquél ordenó en diciembre de 1842. El recordado ahora bombardeo de Barcelona, no fue para aplastar una sublevación independentista.
Era una época convulsa en España con cambios de gobierno, sublevaciones, motines y refriegas políticas continuas.
En aquella época la Diputación de Barcelona desarrolló multitud de tareas y atribuciones que hoy causarían extrañeza en tal corporación. De modo especial, se le encomendaron funciones de índole militar cuyo ejercicio había de ocasionar inevitables equívocos y enfrentamientos, a la vez con la calle y con el Gobierno central.
Este punto de fricción, aun siendo enconado y vivo, no fue el más grave de los surgidos entre Barcelona y el poder central en la época de Espartero. Más trascendental fue el doble enfrentamiento con el gobierno en que se situaron tanto los liberales exaltados de Cataluña como los conservadores.
En suma, el bombardeo de Barcelona en 1842 no tiene nada de ocasional y está inserto en un panorama de choques entre las esferas oficiales y la opinión local empezado varios años antes con motivos diversos. También es preciso enmarcarlos en dos contradicciones de amplio alcance: por una parte, la hostilidad entre los diversos sectores en que se fraccionó el liberalismo; y por otra, las inquietudes creadas por el avance de la mecanización industrial, promotora de protestas furiosas de las masas obreras, y de agobios y dudas en el empresariado, angustiado también por los progresos del librecambismo.
La sañuda continuación de la guerra carlista y la cólera anticlerical de nutridos grupos acabaron de acalorar a la opinión hasta convertir a las "bullangas" en una desembocadura repetida y usual de aquellas tensiones. Esos bullicios callejeros -con quema de conventos y de la fábrica Bonaplata en 1835- van reiterándose con variados pretextos en los años siguientes hasta crear una contraposición constante entre Barcelona y el Gobierno, teórico guardián del orden.
Este contraste resulta tanto más llamativo cuanto que entre los primeros disturbios y el segundo bombardeo acaecido en 1843 se suceden en Madrid dieciséis gobiernos de signo y hechura diferentes a más no poder.
PREOCUPACIÓN CORPORATIVA POR LA MARCHA DE LA ECONOMÍA.
La actividad de la Diputación barcelonesa en estos años comprende otra gavilla de inquietudes que le llegan desde la calle y se deben a las crisis inducidas en la industria por los progresos del librecambismo y la amenaza que el maquinismo representaba para las factorías antiguas y su personal.
En la ciudad las "bullangas" se reiteraban manteniendo viva la crispación tanto de los autores de ellas como de sus víctimas.
El 12 de mayo de 1837, la Diputación elevaba a la Reina una exposición contra "el contrabando de trigos extranjeros que con escándalo se está haciendo en los puertos de este Principado" y contra la infracción que había supuesto, desde comienzos de 1835, el dar permiso de entrada a los granos procedentes de Baleares, que servían de tapadera para la reexpedición de granos de otros orígenes.
El Jefe político de Barcelona, brigadier don José María Puig, publicó el 10 de agosto de 1837 en el "Boletín Oficial de Barcelona" una orden prohibiendo a los dueños de fábricas y talleres despedir a trabajador alguno sin su noticia. Ordenaba además presentar una relación de los que hubieran despedido desde el 1 de julio anterior, con lo cual quería poner coto "a las voces esparcidas desde mediados del mes de julio último suponiendo que iban a ser despedidos los trabajadores u operarios de las fábricas, propagadas con exageración para turbar los ánimos de estos pacíficos moradores, y disculpar clamores y demasías intolerables".
A primeros de febrero de 1839 la Diputación dirigió un escrito al Ministro de Marina y Comercio (DB 23 de febrero) para solicitar que se desestimase todo propósito de introducir en el reino géneros extranjeros de algodón, ni siquiera con el pretexto de vestir a las tropas, como cosa que "entraña la ruina de Cataluña y la de las provincias agrícolas del reino con la relajación del saludable sistema prohibitivo". El 19 de abril de 1839 (DB del 23) la Diputación volvió a dirigirse al Gobierno, esta vez para agradecer y celebrar las seguridades recibidas en orden a la prohibición.
la Diputación aprobó en diciembre de 1840 el dictamen de la Comisión de Fomento sobre estímulo a la construcción de máquinas a base de remover el obstáculo del arancel. Patrocinó así la solicitud presentada en tal sentido por quinientos constructores y operarios de Barcelona.
LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA AL COMIENZO DE LA ETAPA DE ESPARTERO.
El 31 de agosto de 1839 se firmó el convenio de Vergara entre los generales Espartero y Maroto, y quedó concluida la primera etapa de la guerra carlista en Vascongadas. No ocurrió así en Cataluña, Aragón y Valencia, a pesar de lo cual la Diputación barcelonesa remitió un mensaje de felicitación a Espartero, (DB del 11 de septiembre) en que decía:
"Excmo. Sr. Seis años de sangrienta fratricida lucha ya sólo permitían pensar en la paz como una ilusión. Nuevos temores sucedían a la esperanza con que algunos hechos favorables reanimaban de vez en cuando el abatido espíritu de los pueblos, hasta que al fin un acontecimiento inesperado, grande, fecundo en resultados, ha venido a inaugurar la ventura de esta nación desolada.
El convenio que V. E. acaba de celebrar con el general en jefe que fue de las fuerzas enemigas que lidiaban en esas provincias, va a poner término a tantos infortunios, y a colocar muy en breve a nuestra patria en el lugar de que es digna, bajo el trono de nuestra adorada Reina Isabel II, y gozando de los beneficios del sistema representativo, que las desgracias de la guerra han negado siempre a los pueblos".
En el mismo "Diario de Barcelona" de 27 de abril de 1840 se publicó el proyecto de ley sobre organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales presentado a las Cortes por el ministro de la Gobernación. Se preceptuaba que las Diputaciones se compondrían del Jefe político, el Intendente y un diputado por cada uno de los partidos judiciales de la provincia. Las poblaciones que tuvieran más de un juez de primera instancia se considerarían como formando otros tantos partidos. El cargo de diputado provincial era honorífico, gratuito, obligatorio y duraría cuatro años, renovándose la Diputación por mitad cada dos, y siendo designados por sorteo los diputados que habían de cesar. Los diputados provinciales serían nombrados por los mismos electores que designaran a los de las Cortes, y se les exigía ser elector y residir por lo menos desde dos años antes en la provincia.
Dice en este punto el Marqués de Castell-Florite en su libro Domingo Dulce, general isabelino (Barcelona, 1962, pág. 131 Y ss.):
"Estamos en junio de 1840. Es Regente del Reino María Cristina. Aconsejaron los médicos para una enfermedad cutánea de la reine cita Isabel los baños de Caldas en Cataluña. Y allá fue Cristina, su madre. En esta visita se mostraron síntomas alarmantes de la creciente lucha entre moderados y progresistas. En efecto, en Barcelona, el 21 de julio de 1840 la plaza de Palacio fue escenario de una batalla a garrotazos entre éstos, con ocasión de la visita de Isabel II, que aún no había sido declarada mayor de edad. La Ciudad Condal recibía a su Condesa de Barcelona con todas las agitaciones, lágrimas, aplausos y gritos subversivos propios de un pueblo políticamente agitado, sensible y complejo. Las Reinas, madre e hija, entraron en la Ciudad Condal el 29 de junio, en plena efervescencia constitucional"
Se esperaba al héroe, a Espartero, para que "triturase" al grupo moderado. Cuando llegó, fue objeto de las manifestaciones más entusiastas, y para resarcirle del mal humor que le había producido una larga entrevista que tuvo con la Reina Madre, se le dedicó una serenata frente al lugar donde se hospedaba, la casa del Marqués de Castellbell. Las cosas no estaban claras, sin embargo. Se rumoreaba que Espartero iba a dimitir por sus divergencias con Cristina. Pero conviene aclarar que como los militares habían sido a la sazón los vencedores de los carlistas y esta victoria era identificada con la de los progresistas, el pueblo halagaba a la tropa y los paisanos invitaban a los soldados a tomar café, en un político y peligroso gesto de barrio. Se decía en voz alta que el pueblo debía atrincherarse para resistir a las demasías del "poder moderador".
María Cristina aceptó la dimisión del Gobierno y temió por sus hijas al ver la actitud de las masas y el supuesto espíritu demagógico de Espartero. Viendo que la libertad había excitado los ánimos de los absolutistas, Espartero declaró la ciudad en estado de sitio. España pasó varios días sin gobierno, pues los que se formaban en Barcelona dimitían al día siguiente. Espartero logró (julio) un Ministerio a su gusto (Antonio González) pero cayó enseguida. Por fin las Reinas embarcaron en un vapor con dirección a Valencia el 24 de agosto."
Anotemos que la Diputación barcelonesa quiso subrayar su devoción por Espartero mandando una comisión a cumplimentarle, cuando llegó, la cual le entregó un mensaje donde se decía:
"Esta provincia ve muy próximo el término de los acerbos males que deplora, puesto que sólo falta al complemento de sus deseos el pronto exterminio de los osados restos de las hordas vandálicas, que en los últimos instantes de su agonía y en medio de su furiosa desaparición, llevan todavía por alguna de nuestras comarcas el robo, la desolación y la muerte, sumiendo en el llanto a un crecido número de familias que por fortuna habían podido liberarse de los horrores extremos de la guerra civil".
La Regente María Cristina y el general Espartero se enfrentaban sustancialmente por la Ley de Ayuntamientos, aprobada por las Cortes, la cual concedía al trono una intervención en tal materia que la Constitución prohibía. El general se oponía a esta ley y las conversaciones que sostuvo con la Reina en Barcelona -aunque semejaran haber conducido a un acuerdo- no evitaron que Doña María Cristina firmase la ley y le diese curso, a espaldas del general.
La contrariedad de Espartero fue tal que presentó a la Reina la dimisión de todos sus cargos y honores.
Antes de aceptarla, la Reina decidió renunciar a sus funciones como regente en lo cual debió de intervenir poco o mucho su anhelo de disfrutar de la vida del hogar, al lado de su esposo morganático, don Agustín Fernando Muñoz.
En los días que duró esta pugna, el pueblo de Barcelona tomó partido por una u otra de sus figuras: los progresistas a favor de Espartero y los moderados en el de la Reina, dando lugar a lo que se llamó "el motín de las levitas". Por su parte, desde Manresa, en el curso de la campaña contra los carlistas, el general Diego de León aseguraba a la Reina su apoyo y el de otros dieciocho generales.
En 1839 cesó en la Capitanía General el barón de Meer y fue nombrado el general Jerónimo Valdés, más tarde conde de Villarín. La Reina, que se había instalado en Valencia, llamó nuevamente a Espartero para formar gobierno, sin éxito.
Por todas partes aparecían Juntas Revolucionarias que imponían la designación de un Gobierno progresista. La Reina lo aceptó, pero el 12 de octubre de 1840, en un acto solemne celebrado en el palacio de Cervelló, leyó el documento en que renunciaba a la regencia, y al cabo de cinco días embarcó hacia Francia.
Espartero se constituyó en regente.
Anticipándose a la renuncia de Doña María Cristina, el nuevo capitán general, íntimo colaborador de Espartero, general Antonio Van Halen y Sarti, conde de Peracamps, constituyó en Barcelona el día 1 de octubre de 1840 una Junta Provisional de Gobierno, la cual tomó como primer cuidado el disolver la Diputación Provincial mediante un decreto que fue publicado en el "Boletín Oficial de Barcelona" del día 6 de octubre y era del siguiente tenor:
"Atendiendo a que la Diputación Provincial es el producto de un insignificante número de votos; a que fue elegida a la sombra del terror; a que han venido a caducar sus poderes respecto de haberse resuelto su parcial renovación en diciembre de 1839, suspendida luego por un Ministerio audaz a fin de manejar a su placer las elecciones que debían celebrarse en enero siguiente, y considerando la reprensible conducta de la citada Diputación en las mismas elecciones, violentando la ley y cometiendo las más escandalosas parcialidades, considerando, en fin, el abandono en que la propia Diputación ha dejado los intereses de la Provincia, precisamente en la época más crítica en que nos encontramos, la Junta Provisional de Gobierno de la provincia de Barcelona decreta:
1 º Queda disuelta la Diputación provincial.
2º La Diputación provincial disuelta será desde luego reemplazada provisionalmente por los diputados que componían la anterior de 1837".
El Jefe político ofició a todos los que en 1837 la componían para que acudiesen el día 8 de octubre de 1840 al Palacio de la corporación y añadió que debía felicitarse a Espartero como lo habían hecho las demás provincias.
"Si el famoso manifiesto de VE. De siete de septiembre forma una de las más brillantes páginas de la historia de nuestra revolución, la nobleza y acierto con que VE. Secundando el gran pronunciamiento nacional, ha interpuesto su inmenso prestigio para sostener al Trono vendido por una bandería infame y conservar ilesos los sacrosantos derechos del pueblo, objeto del odio encarnizado de la facción liberticida, han coronado la obra de la regeneración española -decía la felicitación a Espartero-. Hasta ahora no había esta provincia expresado a VE. Sus elevados sentimientos y abundando en los mismos esta Diputación provincial tiene el alto honor de transmitirlos a V.E. Ellos consisten en la gratitud más profunda por tan inexplicables servicios y en los más ardientes deseos de ver cumplidos en todas sus partes los fines que se ha propuesto la Nación en su heroico pronunciamiento”.
A propuesta del diputado Esteve la Diputación acordó el 3 de noviembre que, "siendo las provincias de Cataluña las únicas de España que se hallaban en estado de guerra, convenía que antes de las elecciones fuese restablecida la normalidad, para dar toda la amplitud al sufragio".
El Capitán general, Van Halen, expuso las razones que le impedían aprobar tal medida, y decidió pedir a la Regencia que auxiliase al Principado con recursos y gozara del régimen normal, como las demás provincias.
La Diputación se puso a preparar las elecciones, dando instrucciones a los Ayuntamientos acerca de la división de los partidos judiciales en distritos electorales y las reclamaciones de inclusión y exclusión en el censo.
Por las mismas fechas, el Ayuntamiento invitó a los ciudadanos a presentar proposiciones para la instalación de alumbrado por medio del gas. El día postrero de 1840 convocó otro concurso destinado a premiar con una medalla de oro de tres onzas al autor de la mejor composición sobre el tema: "¿Qué ventajas reportaría a Barcelona y especialmente a su industria la demolición de las murallas que circundan la ciudad?". Semejante iniciativa fue la primera que se adoptaba dentro del movimiento encaminado al derribo de la fortificación de la ciudad, impulso que iría acelerándose y robusteciéndose en poco tiempo.
CRECE LA OPINIÓN ADVERSA A ESPARTERO.
La opinión empresarial catalana se desilusionó de Espartero al entender que la subida de éste al poder no traía consigo mejora ni provecho.
Bien podía el Ayuntamiento barcelonés declararle héroe nacional, que el paro cundía por efecto de la persistente crisis económica, con baja de los productos agrícolas e industriales y contracción de los mercados internacionales, aparte de los intentos de Espartero de practicar una política librecambista que perjudicaba a los empresarios y obreros de la región.
La centralización del Gobierno concentrando todos los asuntos en Madrid, daría argumentos a la disidencia catalana preparando los disturbios que estallaron un año después
Por su lado, el progresismo barcelonés se dividió entre los partidarios de Espartero, que deseaban se encargara él sólo de la Regencia y los que defendían que fuese compartida entre tres. El descontento aparece reflejado en la sesión que celebró la Diputación el día 24 de febrero de 1841 bajo la presidencia de su Vicepresidente, el Intendente de la provincia, don Miguel Belza.
Se comenzó hablando de la reunión de dos diputados con una comisión municipal al objeto de conferenciar con el Jefe político "acerca de los medios para calmar la temible efervescencia en que ha puesto a esta capital el decreto (de 14 de febrero) de la Regencia provisional del reino para la pronta disolución de las Asociaciones patrióticas, toleradas por tanto tiempo con aquiescencia de las autoridades".
Cuando la ciudad llevaba gozando de tranquilidad, desconocida hacía años, y se esperaban los felices resultados que debía producir la reunión de las Cortes -prosigue el acta- la orden de la Regencia que manda disolver las asociaciones y tertulias patrióticas ha causado disgusto. Los vecinos de esta ciudad, desde el momento que la nación arrojó lejos el "ominoso yugo del despotismo", formaron una Asociación Patriótica con objeto de propagar conocimientos útiles en los ciudadanos, establecer escuelas, sostener la Constitución de 1837 y comunicar sus ideas.
La decisión de las Cortes de nombrar Regente único a Espartero hasta la mayoría de Isabel II (9 de mayo de 1841) fue mirada con simpatía en Cataluña y se dispuso celebrarla mediante un solemne Tedeum en la catedral, organizado por el Jefe político. La Diputación, tras discutir si debía asistir o no en corporación, terminó decidiéndose por la afirmativa, "atendido el caso extraordinario que lo motiva".
En Pamplona se registró a comienzos de octubre de 1841 el pronunciamiento de signo moderado del general O'Donnell y la Diputación, junto con el Ayuntamiento, visitó al Capitán general, Van Halen, para pedirle que la Milicia nacional (progresista) se alternase con la tropa regular en la guarnición de los fuertes de Montjuic y de la Ciudadela. Van Halen rehusó la propuesta expresando que tenía todas las seguridades puestas en el Ejército, que se bastaba solo.
Apenas fue conocido aquel movimiento, se constituyó en Barcelona una Junta de vigilancia que "sirviese de freno a los malos y de escudo a los buenos" y envió al diputado Antonio Giberga a Madrid para asegurar al Regente la devoción del consistorio. (DB de 17 de octubre de 1841).
Siguieron al pronunciamiento de O'Donnell la rebelión del general Piquero en Vitoria proclamando los fueros de las Vascongadas y reclamando la restauración de María Cristina en la regencia, así como la sublevación de Borso di Carminati en Zaragoza, culminando con la que tuvo lugar en la noche del 7 de octubre en Madrid, en que los generales Concha y Diego de León, con otros militares moderados, invadieron el Palacio Real. Tenían ánimo de apoderarse de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda para trasladarlas al país vasco donde la Reina madre se haría cargo nuevamente del Gobierno.
Fracasada la conspiración por la defensa vigorosa de Palacio que hizo el coronel Domingo Dulce, los rebeldes se fueron entregando y muchos de ellos fueron fusilados, como Diego de León
Van Halen rehusó por las mismas fechas la presidencia de la Junta de Vigilancia que le ofrecieron las dos Corporaciones.
La Junta se componía de dos diputados, dos concejales y cuatro miembros de la Milicia, presididos por el Jefe político, y se había instalado en el palacio de la Diputación el 10 de octubre de 1841.
El carácter jacobino de esta Junta de Vigilancia, subió de punto cuando el general Van Halen salió de la plaza para pasar a reprimir la rebelión del Norte.
La Junta quedó en Barcelona acrecida en sus atribuciones y propósitos y tomó toda suerte de medidas rigurosas, desde intentar imponer un empréstito forzoso de cuatro millones de reales, de lo cual desistió a la postre, hasta demoler la cortina interior de la Ciudadela. El acto de quitar la primera piedra se celebro el 24 de octubre.
Van Halen no aprobó esta demolición y movilizó nutridas fuerzas para impedir que prosiguiese. No pasó mucho tiempo sin que fuese el propio Espartero quien denostase el derribo de la Ciudadela y paralizase las obras. En un manifiesto dirigido contra los rebeldes censuró a "un puñado de hombres turbulentos, enemigos del sosiego público (que) arrastró a cometer en Barcelona un acto insigne de violencia".
La animadversión del Regente contra la Junta barcelonesa se extendería a las dos Corporaciones matrices de ella -el Ayuntamiento y la Diputación-, a las que pensó seriamente en disolver y sustituir. Más fácil le fue, y así lo acometió, procesar a los miembros de la Junta de Vigilancia, varios de los cuales tuvieron que expatriarse
En 1 de diciembre de 1841 la Diputación barcelonesa cerró una suscripción pública que había abierto a favor del coronel Dulce y los alabarderos de Palacio, defensores de las habitaciones de la Reina cuando el fallido asalto a ellas, y remitió a Madrid 30.120 reales que se habían recaudado (DB, 21 de diciembre de 1841).
Pirala refiere que a finales de 1841 el Gobierno británico envió un representante a Madrid con un proyecto de tratado comercial. El Gobierno no resolvía nada sobre el mismo y en febrero de 1842 el embajador inglés insistió en sus proposiciones. El Gobierno español encargó el examen del asunto al excónsul en París, Manuel Marliani, el cual estimó insuficiente el tratado y poco acorde con los principios de la libertad comercial.
El Gobierno español no se solidarizó con el criterio librecambista del informante y el proyecto quedó detenido.
Esto no impidió que corrieran en Barcelona rumores de que el Gobierno estaba vendido al "oro inglés" y que se disponía a concertar con dicho país un tratado que sería la ruina de Cataluña, por lo cual el Gobierno de Madrid se adelantaba a las objeciones de ésta presentándola públicamente como un nido de revolucionarios, a fin de ganarse la opinión de las demás provincias españolas. Ante éstas se hacía uso también del argumento del egoísmo arancelario catalán.
Un inmediato beneficiario de estos estados de opinión fue Prim, el cual empezaba ya a destacar como opuesto a la omnipotencia de Espartero. Para alejarle de Cataluña o para dedicarle a una misión que en ésta sería grata, el Gobierno le destinó a reprimir el contrabando. Al regresar de este cometido, Prim dirigió un manifiesto a Cataluña donde se leía:
"Las instrucciones con sus treinta y dos artículos han sido una mentira, los auxilios que se me ofrecieron de cooperación por todos los ramos y autoridades, una patraña. Sólo ha habido de verdad desengaños, disgustos, entorpecimientos y contrariedades de toda especie. Todo está viciado, todo, hombres e institutos... Me conocen bastante mis paisanos para dudar de mis palabras, y lleno de la mayor indignación y sentimiento debo deciros que han sido estériles mis desvelos, porque así lo quiso el Gobierno, y porque le importa poco que se arruinen nuestras fábricas, perezca nuestra industria y se vea por consiguiente Cataluña sumida en la miseria. Porque entonces son indispensables las conmociones y tendrán ocasión de cebarse otra vez con nosotros".
La subida de Espartero al poder no significó la estabilización de una situación política inclinada sólidamente hacia el progresismo. Muy al contrario, inauguró una etapa muy fluida y tensa, de renovada confrontación entre las dos facciones del liberalismo. Los factores de erosión del progresismo catalán eran de diversa especie.
Los gobiernos esparteristas se encontraron en la penosa disyuntiva de escoger entre la movilización popular o una política de orden." El esparterismo se inclinó a favor de la defensa del orden, mientras que la opinión callejera catalana lo hacía en pro del progresismo puro y extremo, sobre todo a partir de los pronunciamientos de O'Donnell y demás, que hemos mencionado.
Se iba perfilando y acalorando el enfrentamiento entre dicha opinión popular catalana y el régimen de Espartero, a la vez que la burguesía y los estamentos conservadores del Principado se distanciaban de dicho sentir de las masas.
La prensa barcelonesa de estos días, ("El Constitucional", "El Liberal Barcelonés", el "Diario de Barcelona", "La Ley" etc.), habla de gentes que propalan noticias de "conspiraciones retrógradas y planes absolutistas que producen efectos muy nocivos en la generalidad de la población". Los alcaldes dieron un bando el 18 de febrero de 1842 disponiendo que "toda persona que maliciosamente esparza y propale noticias alarmantes acerca de hechos falsos y que tiendan a la alteración del orden público, será detenida desde luego y entregada a los tribunales competentes" ("Diario de Barcelona" del 19 de febrero).
ORÍGENES DEL BOMBARDEO DE BARCELONA.
Hasta Madrid llegaban los efluvios de esta agitación de Cataluña y fueron catalanes quienes comenzaron a promover en las Cortes un ambiente hostil a Espartero.
Uno de los más activos fue el ministro dimisionario de Hacienda y diputado progresista catalán, Surrá Rull, quien en el mes de mayo de 1842 fue el primer firmante de un voto de censura contra el Gobierno, defendido en el Congreso por Jacinto Félix Doménech, diputado del mismo partido.
La censura fue ganada por una diferencia de siete votos. Espartero reaccionó disolviendo las Cortes, y con ello aceleró la aglutinación de las fuerzas que se alineaban en contra de él, algunas de claro estilo republicano.
La más destacada en Cataluña la acaudillaba Abdón Terrades, quien ya se había hecho célebre el año 1835 con su libro Recuerdos de la Explanada. Era natural de Figueres y presidía allí un grupo de seguidores del anarquismo utópico de Fourier y Cabet, en el que se contaban Narciso Monturiol, Juan Tutau y Juan Suñer Capdevila.
Más tarde, Terrades decidió trasladar sus afanes a Barcelona y se procuró un periódico, "El Republicano", con el cual hostilizar al Gobierno. Al propio tiempo, se dedicó a las elecciones para alcalde de Figueres y las ganó cuatro veces y otras tantas las anuló el Jefe político de la provincia, ya que Terrades no quería prestar juramento de fidelidad a Espartero, como estaba prescrito.
Estas incidencias llevaron a Terrades a estar preso tres meses en el castillo de Figueres y a que más tarde la Audiencia de Barcelona le desterrase por dos años de Cataluña.
En septiembre de 1842 publicó en "El Republicano" una poesía titulada "La Campana" a la que puso música José Anselmo Clavé, uno de sus adeptos, que se convirtió en himno de los republicanos.
Otro de los cabecillas populares en Barcelona fue Juan Manuel Carsy, navarro, que actuaba como redactor de "El Republicano". Las ideas de Abdón Terrades ganaron en los ambientes obreros a los tejedores quienes decidieron fundar una sociedad de mutua protección, que no fue autorizada por el Jefe político.
Los alcaldes de Barcelona y pueblos limítrofes prohibieron reuniones y suscripciones obreras sin permiso. El Jefe político, Juan Gutiérrez, publicó un bando que prevenía al vecindario contra quienes bajo la bandera de republicanismo se alborotaban en cafés y fondas, calles y plazas (DB del 23 de junio de 1842)
En la noche del 16 de junio ocurrieron unos sucesos que mostraban la actividad agitadora de Terrades y sus seguidores.
Tres jóvenes que cantaban la canción "La Campana" fueron detenidos por el alcalde, José María de Freixas, por indicación del Jefe político. El juez de primera instancia, Luis de Collantes, mandó ponerles en libertad, lo cual dio por resultado que la plebe acudiese a dar una cencerrada al alcalde.
Mientras tanto, la milicia fue puesta sobre las armas para evitar que los carlistas o los moderados sacasen partido del suceso. El país carecía de Gobierno, ya que en 28 de mayo había caído el ministerio de Antonio González, y hasta el 17 de junio no nombró el Regente Espartero al gabinete presidido por el general marqués de Rodil, el cual permanecería dificultosamente en el poder hasta ser sustituido, el 9 de mayo de 1843, por el gobierno presidido por Joaquín María López, que duró diez días.
Los enemigos de Espartero se gozaban en fomentar rumores que excitaban la sensibilidad de los barceloneses.
Estaban vivos los ingredientes conducentes a una grave alteración del orden público, y ésta comenzó el 14 de noviembre de 1842 con una reyerta entre los guardianes de la puerta del Ángel y unos individuos que trataban de entrar vino sin pagar derechos.
Acudieron refuerzos a favor de los guardias y se engrosó también el grupo de los contrabandistas hasta formar una multitud que cubrió de denuestos a los primeros. Al poco rato, se formaban grupos levantiscos frente a las Casas Consistoriales y se percibía que no escaseaban los hombres armados.
El Jefe político, don Juan Gutiérrez, enterado de estas circunstancias, acudió al lugar y fue recibido por las turbas con voces y silbidos, amén de un tiro que le dispararon. Mandó entonces cargar contra los revoltosos y quedó despejada la plaza. Hiciéronse detenciones en la redacción de "El Republicano", al que se miraba como instigador del motín.
Al día siguiente, 15 de noviembre, volvió a reunirse gentío ante el Ayuntamiento pidiendo la liberación de los detenidos y se nombró a una comisión que el Jefe político ordenó arrestar.
Creció la agitación por este motivo: "La Rambla presentaba el aspecto de un campamento, llena como estaba de cañones y caballería, y todo fue en la ciudad confusión y alarma". El Jefe político resignó su autoridad en el Capitán general, que contaba con escasos efectivos. Trató éste de avanzar hacia la plaza de San Jaime pero la tropa era tiroteada desde las casas, desde las cuales se echaba toda clase de objetos.
El Jefe político y los generales Van Halen y Zurbano se recogieron en la Ciudadela, único punto, junto con Montjuic y los cuarteles de Atarazanas y de Artillería, donde la autoridad militar se sentía segura.
En 15 de noviembre Juan Manuel Carsy, lanzó una proclama "a los valientes" diciendo que era llegada la hora de combatir a los tiranos que intentaban esclavizarles bajo el yugo militar. Puesto que querían ser libres, lo serían "a pesar de un Gobierno imbécil que aniquila vuestra industria, menoscaba vuestros intereses y trata, por fin, de sumiros en la más degradante miseria".
El día 16 se constituyó la Junta popular provisional, presidida por Carsy, la cual dirigió un manifiesto a los catalanes y ordenó a la milicia que detuviera a cuantos, sin pertenecer a la misma, tuvieran armas y fuesen sueltos por las calles.
El día 17 la Diputación acudió a las Casas Consistoriales donde la Junta había fijado su residencia. Se tomó el acuerdo de dirigir un oficio al Capitán General, Van Halen, en que se lamentaba la situación de la ciudad, el estado de anarquía y el porvenir que la esperaba si se producían las hostilidades "que la han cubierto de luto", confiando en que se restableciera la calma. Dicho oficio sería llevado al capitán general por el diputado Torrens Ramalló, el comisionado de la Junta y los cónsules extranjeros.
A tenor de la versión de los sucesos publicada por el general Van Halen, el cónsul de Francia, Ferdinand de Lesseps, contra el cual se lanzaron acusaciones de parcialidad a favor de los sublevados, auxilió a unos y a otros como gran mediador cuidando, entre otros rasgos, de embarcar con destino a Mallorca a las hijas del general, que estaban cautivas.
El día 18 subieron al castillo de Montjuic los cónsules francés e inglés, un representante de la Diputación y otro de la Junta popular, pues creían que el Capitán general se encontraba allí, pero se había ido a Sant Feliu de Llobregat. Hacia aquella población marcharon los cónsules, para pedir que no atacase a la ciudad, y Van Halen les contestó que él había acreditado su propósito de reducir el daño en lo posible, pero que no contraería compromiso alguno.
En virtud de nueva petición de la Junta popular, la Diputación entregó el día 19 otros 100.000 reales, destinados a la fuerza armada, y, para atender la del día 20, hubo que descerrajar el arca de caudales. Una alocución de la Junta decía: "Unión entre todos los liberales. Abajo Espartero y su Gobierno. En caso de Regencia, más de uno. En caso de enlace de la Reina Isabel, con español. Justicia y protección a la industria nacional".
Por su parte, Van Halen lanzó una proclama a los catalanes y envió una circular a los Ayuntamientos con el fin de contrarrestar aquellas tesis de la Junta. La Diputación contestó al general que, antes de recibir sus escritos "el instinto de sensatez del vecindario y la intención de la Junta popular, combinados felizmente para la elección de las personas más notables de la ciudad, se ocuparon del restablecimiento del orden".
En las sesiones que tuvieron lugar en los días siguientes, 21, 22, 23, 24 de noviembre de 1842, etc. la Diputación se vio obligada a entregar otros 200.000 reales a la Junta popular, dándose en ellas cuenta de las amenazas de que "para el jueves 24 al amanecer si esa ciudad (Barcelona) por si misma no ha restablecido el orden y dado las garantías necesarias... se romperá el fuego hasta conseguir su sumisión".
El día 29 llegó a Barcelona el Regente Espartero, acompañado del Jefe del Gobierno, Rodil, con ánimo de reducir a la capital aunque tuviesen que recurrir al bombardeo.
Escudándose Van Halen en que el desarme de la Milicia no pasaba de ser ficticio, el 3 de diciembre de 1842 se ordenó el bombardeó sin piedad a la población civil. La innecesaria salvajada de Barcelona le terminaría costando el puesto al Regente Espartero.
Los proyectiles de cañón cayeron a centenares, ocasionando desperfectos en numerosos edificios .Al día siguiente finalizó la insurrección y el 14, regresados ya muchos propietarios y comerciantes, se publicó el decreto de castigo de los barceloneses.
Se disponía la disolución y el desarme de la Milicia, la recogida de armas y la supresión definitiva de las fábricas de cigarros y de moneda (Carrera Pujal, loe. cit.).
"Para la indemnización de los derechos y perjuicios ocasionados por la insurrección a las viudas y familias de los militantes muertos y de los que quedaron inútiles pertenecientes al ejército, para sufragar los gastos del movimiento de los cuerpos del ejército y material perdido y para reedificar el lienzo de la Ciudadela, derribado en el año pasado, -seguía- ha dispuesto S.A. se imponga a Barcelona doce millones de reales que deberá pagar en el modo y forma que V.E. determine. Sensible es a S.A. el haber de dictar tan severas disposiciones, pero la seguridad del Estado y la vindicta pública lo exigen así".
El balance final de la insurrección fue entre 20 y 30 muertos civiles ,11 oficiales y 31 individuos de tropa.
El general Van Halen cesó en el mando de la región en 1842 y fue sustituido interinamente por el general Antonio Seoane y en 1843, éste en la misma forma, por el general José Cortínez.
Constituye un capítulo aparte la intervención del cónsul de Francia en Barcelona, Ferdinand de Lesseps, por su relieve y la complejidad de los factores que entraña y los juicios que desde aquellas mismas jornadas se formularon acerca de ella. Procuró favorecer la paz y la suavización de las desdichas que se registraron. En un extremo de las encontradas opiniones que suscitó Lesseps se sitúa la tesis del Jefe político, Juan Gutiérrez, quien no se recató de escribir al ministro de la Gobernación que Lesseps era el principal instigador de los desórdenes posteriores al 2 de diciembre, cuando se había sosegado la primera fase de los tumultos. Manel Risques Corbella estima que Lesseps fue tomado por pararrayos para situar en él y sus favorecidos las responsabilidades políticas derivadas de la insurrección. Señala que el cónsul francés se zafó de la petición de unos grupos de milicianos moderados que pedían la intervención de su país a favor del retorno de la reina a sus potestades, y que no cabe confundir la presunta simpatía que sintiera por la causa de la reina con su apoyo a la insurrección.
Las sanciones impuestas a Barcelona fueron impugnadas por las Corporaciones locales.
La Diputación dirigió una exposición a Espartero en la sesión siguiente, del 21, con el voto en contra del Jefe político. En ella se propugnaba que no podía ser castigada una ciudad en masa. El 4 de enero, aprovechando la ausencia en la sesión del Jefe político y del Intendente, la Diputación acordaría enviar un escrito a las Cortes, que eran en esencia contrarias a Espartero, para suplicar que se anulasen y depurasen las disposiciones contra Barcelona". Esta petición se repitió con las sesiones de las corporaciones locales y fue un clamor en la prensa y la calle.
Juan Prim -que contaba sólo veintiocho años de edad y llevaba ya dos de coronel- declaró en un discurso ante el Congreso, que se hizo célebre que, prescindiendo de toda autorización, había salido de Madrid y se había encaminado a Barcelona para sostener su causa contra Espartero. Obligado a pasar a Francia no llegó a tiempo de "sostener la bandera que se había enarbolado, y entonces, no deberia decirlo porque parecerá altanera presunción, yo quiero creer que hubiera sido otro el desenlace de aquel sangriento drama".
Ha pasado también a la Historia la sesión del Congreso de 19 de mayo de 1843, en la cual Salustiano Olózaga increpó al Regente por los abusos de su autoridad y dio el plazo de 10 de octubre del siguiente año para que se declarase la mayoría de edad de la Reina.
En la sesión del día siguiente, Olózaga anunció que acababa de renunciar a todos sus cargos y condecoraciones y concluyó su filípica con el célebre grito de "Dios salve al país, Dios salve a la Reina". El Gobierno suspendió las sesiones de Cortes hasta el día 27. Los madrileños obsequiaron a Olózaga con una gran serenata y abroncaron a los ministros.
Sabida es la emoción que causarían en Barcelona estas noticias tras la odiosidad que se habían concitado el Regente, Zurbano, Linaje y otros adeptos a Espartero.
Hubo también los pronunciamientos de Sevilla y Valencia contra él y la sublevación de Prim en Reus el 27 de mayo de 1843.
En 1843 fue nombrado capitán general el general Miguel de Araoz, sustituido poco después por su colega Laureano Sanz, quien lo sería a su vez por el barón de Meer.
El general Narváez aunó voluntades entre los descontentos y se
pronunció contra el Gobierno de Espartero, a quien ya no le quedaba
ningún aliado. Huyó a Cádiz y, desde allí, embarcó para Inglaterra. La
reina, una niña de 13 años, mientras todo esto sucedía, juraba la
Constitución de un reino que se disputaban a cañonazos dos espadones. El
liberalismo en España no terminaba de cuajar. Difícilmente podía
hacerlo en un país descapitalizado, con los peores políticos de Europa,
sin apenas empresarios y en el que 7 de cada 10 personas eran
analfabetas.
Poco tiempo después, en 1843, el general Prim, volvió a utilizar la artillería contra Barcelona. Nombrado gobernador, tuvo que hacer frente a la rebelión de la Jamància , palabra de origen caló que significa hambriento. De aquellos sucesos procede la frase de Prim "o faixa o caixa", referente a la disyuntiva que se le presentaba: o el fajín de general o el ataúd. Para someter a los insurrectos, Prim puso asedio a la ciudad durante dos meses hasta pacificarla, dejando una tercera parte de los edificios destruidos.
Pero eso es parte de otra historia.
Basado en un articulo original de pedro Voltes
Muy buen trabajo!
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